El gobierno de Azerbaiyán sigue mostrando una postura hostil hacia las voces disidentes, persiguiendo a críticos y opositores políticos con cargos cuestionables, lo que pone en entredicho sus compromisos declarados con las reformas. En años recientes, las autoridades han liberado a varios activistas encarcelados por razones políticas y bajo acusaciones infundadas, aunque decenas siguen injustamente privadas de libertad. Las leyes restrictivas continúan dificultando el funcionamiento independiente de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Otros problemas persistentes en materia de derechos humanos incluyen la tortura y los malos tratos sistemáticos bajo custodia, así como las restricciones a la libertad de prensa. La violencia doméstica contra las mujeres también constituye un grave problema, y el gobierno aún no ha firmado ni ratificado el el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

Aunque la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Azerbaiyán para incrementar las exportaciones de gas hacia Europa, no ha impuesto condiciones que puedan garantizar mejoras en el ámbito de los derechos humanos como parte de la cooperación futura.

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